• La patronal nacional pide que el primer parque se ubique en las islas, mientras la Xunta apela el liderazgo de su industria y a la calidad del viento

El Ministerio para la Transición Ecológica cerró el pasado día 24 de febrero el plazo para participar en la consulta pública previa a la redacción de la orden que regirá la primera subasta de eólica marina en España. Por sus recursos naturales, Galicia y Canarias son dos de las comunidades que aspiran a captar los primeros parques, aunque hace años que tanto algunas empresas del sector como desde el ámbito público expresaban extraoficialmente su preferencia por que sean las islas las que estrenen esta tecnología a nivel nacional. Ahora, esa demanda se acaba de hacer oficial, a través de las consideraciones enviadas por la patronal nacional, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), al departamento que dirige Sara Aagesen, e igualmente desde distintas compañías, que se han pronunciado en idéntico sentido.

Canarias es un territorio en el que todavía tienen un peso elevado los combustibles fósiles para la generación de electricidad —lo que eleva los costes—, por lo que la implantación de parques de eólica off-shore contribuiría al reemplazo por energía renovable. Además, existe una corriente institucional favorable al despliegue de este tipo de instalaciones en sus aguas, y sus vientos son idóneos para mover las aspas de los aerogeneradores en el mar.

«Desde la asociación y desde el sector tenemos claro que la primera subasta tiene que ser un éxito total», afirma Juan de Dios López-Leiva, director técnico de la entidad. Por ello, proponen, en consenso con las empresas, comenzar con un parque de unos 200 megavatios de potencia, que podría esta integrado por entre 12 y 15 aerogeneradores. Una de las compañías que respalda públicamente esta propuesta es la española Ocean Winds. «Enviará un mensaje claro al mercado», afirmó Manuel García, director de la empresa en España, en la red social Linkedin.

No obstante, para alcanzar el objetivo de instalación de 3 gigavatios de eólica marina recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el sector considera imprescindible que el Gobierno presente una planificación calendarizada con las siguientes subastas, de forma que toda la capacidad prevista hasta el 2030 haya sido objeto de puja. «Creo que en los siguientes concursos, Galicia debería estar», añadió el director técnico de la patronal eólica.

Otras de las consideraciones que han elevado a Transición Ecológica es que no se compita entre áreas, sino entre proyectos para una misma zona. Otro de los requisitos propuestos es la viabilidad técnica y económica: «Es importante asegurar que tanto los actores como el proyecto presentan una solución robusta y que vaya a ser llevada a término», explica Juan de Dios López-Leiva, que pide atender a las lecciones aprendidas en Francia, donde esa variable pasó de representar un 5 % de los criterios no económicos hasta el 12 %.

En el ámbito económico, la asociación pide que los contratos tengan una duración mínima de 20 años —con posibilidad de que se extiendan a 30— y con precios que incluyan mecanismos de indexación, entre otras medidas. Para el director en España de Ocean Winds también será aconsejable el establecimiento de un régimen económico sólido y estable «con un precio de reserva adecuado, mecanismos de indexación y reglas claras a largo plazo que den seguridad para desarrollar los proyectos».

La patronal nacional reclama, por otro lado, que se establezcan medidas para limitar el impacto de la judicialización de los proyectos.

Reclamación autonómica

Si bien la Xunta comparte algunas de las propuestas expresadas por la asociación nacional —como que los territorios no compitan entre sí por los proyectos—, demanda que el primer parque marino español se encuentre en aguas gallegas. En concreto, en las zonas bautizadas como Nor-4 (frente a las Rías Altas) y Nor-5 (en la Mariña lucense) en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Con estas áreas se puede «aprovechar la existencia de nodos de 400 kV en el entorno costero gallego con capacidad para la interconexión de nuevas instalaciones de generación eléctrica, así como el aprovechamiento de las infraestructuras portuarias existentes (…), compatibles con el desarrollo de proyectos eólicos marinos», subraya.

El Gobierno gallego apoya esta demanda en que este territorio «dispone de uno de los ecosistemas industriales más completos de Europa en eólica marina, con astilleros y empresas auxiliares que ya participan en proyectos internacionales; cuenta con experiencia en fabricación de estructuras marinas, plataformas flotantes y componentes críticos; presenta un recurso eólico excepcional en términos de horas equivalentes y estabilidad, y dispone de infraestructuras portuarias —en A Coruña, Ferrol, San Cibrao y Vigo— adecuadas para ensamblaje y logística.

La Xunta aboga por comenzar el sector con parques pequeños «que ayuden a avanzar en el desarrollo tecnológico de la eólica marina flotante y a contrastar dicho desarrollo y facilitar la integración en el territorio». Para evitar «comportamientos especulativos», defiende también que se pondere «solvencia técnica previa y acreditada, una solvencia económica y financiera que garantice la permanencia del promotor durante toda la vida útil y el posterior desmantelamiento del proyecto, así como una experiencia demostrable y contrastada en el desarrollo de proyectos energéticos complejos».

Para el Gobierno gallego, el criterio que más tiene que pesar en la futura subasta es la compatibilidad de usos en el mar, seguido del menor impacto ambiental y del aprovechamiento de la oportunidad industrial.

En cuanto a los criterios económicos, las aportaciones del Gobierno gallego, realizadas por el director xeral de Planificación Energética, Pablo Fernández Vila, consideran que «la indexación de precios no debe limitarse únicamente a la actualización de precios industriales, sino incluir medidas compensatorias a sectores afectados». Además, aboga por establecer un plazo máximo de los proyectos coherente con su financiación, con el fin de garantizar una estabilidad suficiente para atraer inversiones. «Una mayor duración reducirá el riesgo financiero y permitirá hacer ofertas más competitivas en la subasta, pero también debe ser necesario garantizar las obligaciones del promotor, incluido al finalizar la vida útil», añade Fernández Isla.

Mecanismos de compensación directa para el sector pesquero

Para que la eólica marina llegue a buen puerto en cualquier país, el entendimiento con el sector pesquero es indispensable. La Asociación Empresarial Eólica considera que hay mecanismos directos, como el abono de una tasa, que contribuye también a que existe una relación fluida entre las partes. «En Francia implicó un abono de 12 millones de euros para la renovación de la flota», afirma el director técnico de la entidad. La Xunta también incide en que la posibilidad de establecer compensaciones y promover sinergias con el sector pesquero «debe ser trabajada ampliamente por el promotor». Recuerda que, por la ley de recursos naturales, cualquier proyecto de eólica marina debe dejar riqueza en el territorio.